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Periódico de distribución gratuita. Año 521 - N° 521 - JUNIO 2018

Después de 9 años, llega el juicio

LOS BIZCOCHITOS SE DISCUTIRÁN EN EL ESTRADO

El Aguijón

2018-05-10 | Después de nueve años se concretará finalmente el juicio por los bizcochitos que involucra al ex concejal Gustavo Segre y a su empleada Verónica Abasolo. 300 pesos es la irrisoria suma que ha motivado tantas idas y vueltas de un despacho a otro, de Río Cuarto a Córdoba, de Córdoba a Río Cuarto, de casación en casación, convirtiéndolos en los bizcochos más caros de la provincia de Córdoba.
En la última semana, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba comunicó a los abogados defensores, Jorge Valverde (de Segre) y a José María Sagarraga (Abasolo) que rechazó el último recurso de casación presentado y que ambos acusados deberán enfrentar el juicio por adulteración de instrumento privado, uso de documento privado adulterado agravado y fraude en perjuicio de la administración pública agravado, en grado de tentativa.
Una vez que llegue la documentación a los tribunales locales se designará Cámara y fecha del juicio. Pero será pronto.
El hecho ocurrió en septiembre del 2009. En el 2010 el fiscal Julio Rivero ya había realizado la imputación de Segre y Abasolo, pero antes de que llegara a juicio esta última pidió la probation, recurso que fue rechazado en el 2015 por el Tribunal Superior de Justicia.
Posteriormente, José María Sagarraga, el abogado de Abasolo, volvió a presentar otro recurso de casación teniendo en cuenta que en la reforma del Código Penal se había incluido, entre las causas de sobreseimiento, la posibilidad de la reparación del perjuicio de la actora hacia el damnificado. Es así que Sagarraga ofreció reparar el perjuicio, además de los 300 pesos, la cifra que el tribunal dispusiese, pero la propuesta también fue rechazada. “El tribunal consideró que por tratarse de dos funcionarios públicos deben ir a juicio”, dijo Sagarraga a Otro Punto.
Todo salió a la luz cuando un empleado de Economía del municipio revisó las facturas del bloque oficialista y le llamó la atención el gasto de 312 pesos en criollitos. Concurrió personalmente a la panadería y comprobó que en realidad la venta había sido por 12 pesos y realizó la denuncia policial.
Era muy grotesco el número “3” agregado en la factura de los criollitos, no obstante, el gasto fue convalidado por Segre, jefe de la bancada.
Según la acusación, Abasolo adulteró el valor consignado en una factura expedida por la panadería e intentó cobrarla ante la sub- Dirección General de Presupuesto del Concejo Deliberante.
Abasolo había pedido la suspensión del juicio a prueba con el argumento de que ella no ocupaba un cargo público sino que era empleada de “un frente político considerado una institución de la sociedad civil”.
Sin embargo, el TSJ concluyó que la imputada “cumplía funciones públicas”, puesto que entre sus tareas se encontraba la organización administrativa y funcional de un bloque de concejales, “esto es de aquellos representantes de la ciudadanía que tienen a su cargo la sanción de las ordenanzas que regulan la convivencia de la vida en sociedad como también el control de los actos de gobierno que realiza el Poder Ejecutivo municipal”.
También pudo afirmarse según el Tribunal que los hechos por los que se la acusa fueron cometidos en el ejercicio de la función pública, pues se trataba de una de las actividades que le había sido asignada.
Ya no hay recursos para interponer y después de nueve años, por 312 pesos, se juzgará a los acusados.