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Arma mortal 7

En lo que va del 2020, se registran siete casos denunciados por gatillo fácil en la Provincia de Córdoba. Se conoce como “Gatillo Fácil” a una forma de represión selectiva, en la cual se persigue y asesina sistemáticamente, por lo general a jóvenes de barrios populares. Desde 1983 hasta el año 2019 más de 450 personas han muerto en manos de la policía en nuestra provincia, en su mayoría jóvenes. Al parecer, la policía cordobesa tiene en sus manos un arma mortal.

octubre 30, 2020
en Alejandro Floriani, Columnistas
min de lectura4 min
Arma mortal 7

Escuchar el relato de una madre que llora por la muerte de su hijo, es una experiencia como mínimo desgarradora. Es una cuestión que atenta hasta con el natural desarrollo evolutivo del ser humano. Los hijos deben ver morir a sus padres, sus padres deben ver morir a sus abuelos, sus abuelos a sus bisabuelos, y así hasta el final. O a hasta el principio, ya que estamos hablando de generaciones.

Me pregunto qué hace que el ciclo se interrumpa. Digo, hay eventos que irrumpen en nuestra vida sin previo aviso. Existen los imponderables: una enfermedad terminal, un accidente de tránsito, una falla técnica o mecánica, una catástrofe doméstica, en fin.

Pero también hay planes, políticas y decisiones sistemáticas, que tomadas una detrás de la otra, generan el desgarrador hecho de que una madre tenga que velar y llorar a su hijo.

  • “Me lo mataron por la espalda”, dijo llorando desconsoladamente Soledad, la madre de Joaquín Paredes.

Joaquín es el joven de 15 años que asesinó la Policía de Córdoba en Paso Viejo, un pequeño pueblo cordobés de apenas 1033 habitantes, ubicado en el Departamento de Cruz del Eje, la pasada noche del sábado, más precisamente la madrugada del domingo 25 de octubre.

  • “Me arrebataron la vida de mi hijo que tenía solo 15 años, le pegaron un tiro por la espalda”, agregó Soledad, ya con un tono de voz más justiciero.

Tiene razón en todo. Su hijo tenía 15 años y el 2 de noviembre cumpliría los 16. La bala entro por la espalda y se quedó alojada en el pecho. Las únicas armas secuestradas son las de los cinco policías detenidos.

  • “Este caso de homicidio policial no corresponde a una práctica aislada ni a excesos por parte de agentes de la fuerza policial, como tampoco es una práctica aleatoria”, expresó la Universidad Nacional de Córdoba en un comunicado.

En Argentina, según un estudio de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desde la recuperación democrática en 1983 hasta el año 2019 se registraron un total de 7.093 casos de muertes en manos de las fuerzas policiales. La provincia de Córdoba colaboró a ese número con 463 casos, lo que significa casi el 25% del total.

Según un estudio presentado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, y el Conicet, en base a estas estadísticas, precisan que el  78% de los casos cordobeses fueron durante las gestiones de Unión por Córdoba. En el mismo sentido, el informe da cuenta que los hechos de “gatillo fácil” representan el 47% de esa cifra, mientras que el 35% corresponde a muertes en contextos de encierro. Además, se menciona que “el 54% de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal son menores de 25 años”.

El 2020 no parece seguir un rumbo distinto.  El caso anterior a este fue el conocido asesinato de Valentino Blas Correas, un joven de 17 años que fue baleado mientras viajaba en auto con sus amigos, al pasar por un control policial. Adivinen dónde impactó la bala. Sí, en la espalda. Y adivinen también qué otro relato desgarrador apareció con este hecho. Efectivamente, el de su mamá, también llamada Soledad al igual que la mamá de Joaquín, que salió a pedir justicia y diciendo “a mi hijo lo acribillaron”.

Pero esos dos casos no fueron los únicos, más madres hubo este 2020 en Córdoba que sin llamarse Soledad, conocieron de qué se trataba esta palabra, ante la soledad que deja el vacío de convertirse en la madre de un hijo que es asesinado en manos de la policía. Y estoy hablando de la mamá de Gastón Miranda, en Villa La Tela, de Fabián Perea en Villa Adela, de Franco Sosa, en B° San Lorenzo, de José Antonio Ávila, en B° Villa Libertador y de Luis Merenigo, en la localidad de Alta Gracia.

  • “Pasamos a tener 22 mil agentes en la provincia de Córdoba. Hemos alcanzado por primera vez lo que dicen las recomendaciones técnicas: un policía cada 625 habitantes”, decía en octubre de 2019, orgullosamente el Gobernador Juan Schiaretti, en un acto donde se incorporaban 917 nuevos agentes

Por algo Córdoba aporta casi el 25% de los casos de víctimas fatales al total de la Nación desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días. Hay un cuerpo formado que hace mérito para alcanzar esas cifras. La Institución policial, con mayúscula, se caracteriza por ser una institución totalitaria y verticalista, es decir, que el de rango superior manda al de rango inferior, convirtiéndolo en una sucesiva cadena de subordinaciones. Sin entrar en detalles de lo que implica esto, podemos decir que la formación de un policía dura 3 años en la academia, y toda una vida durante la profesión, donde los más grandes forman y moldean a los más chicos.

Sorprende la velocidad en la que Córdoba engrosó las filas de su cuerpo policial. Según datos oficiales, entre el 2001 y 2011, el Gobierno de Córdoba tomó 7.635 nuevos policías, lo que representó un incremento del 62,8%.
El mismo día que Shiaretti anunciaba los 917 nuevos agentes que integrarían la Policía de Córdoba, se jactaba aludiendo a la inversión de la Provincia en ésta materia: “Por eso decimos que fue la mayor inversión en la historia, cerca de 2.800 millones de pesos; además se está invirtiendo 320 millones en equipamiento y tecnología”.

¡Wow! En este momento me gustaría hacer entrar a la nota la recomendación que hizo el Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba a la policía de la Provincia, llamando a la “urgente necesidad que las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba dispongan y ejerciten políticas de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos”.

Quizás algunos millones puedan ser destinados a medidas que prevengan y modifiquen las prácticas de violencia institucional que generan los sucesivos hechos desgarradores que se viven en nuestra provincia.

Modificar sustancialmente las sistemáticas prácticas de violencia institucional ejercidas por la Policía de Córdoba, no es un tema que se agote con el nuevo protocolo de acción policial que presentó el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el pasado martes 27 de octubre. Sino que va a requerir del esfuerzo, la denuncia y la organización de aquellos actores de la sociedad civil, política y académica, que ya no soporta escuchar una vez más otro desgarrador relato de una madre que llora a su hijo asesinado.

Por Alejandro Floriani.

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